El procurador general adjunto para el Sistema Eléctrico, Moisés Ferrer, anunció este domingo que todas las personas detectadas por fraudes eléctricos serán fichadas por robo de energía en el sistema de investigación criminal de la Procuraduría General de la República.
El funcionario emitió sus consideraciones al ser entrevistados por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, en Santo Domingo TV, en donde reveló que ya está dando los pasos para implementar el sistema de ficha por hurto del suministro energético.
“De manera, que se van a sorprender después, cuando vean que tienen colgada una ficha por robo”, dijo, tras exhortar a desistir de esa práctica que tanto daño hace al país.
Ferrer advirtió que los ciudadanos deben evitar un mal momento y acudir a las compañías distribuidoras de energía a regularizar su situación.
Garantizó que además de ser puestos en el sistema de fichaje, serán divulgados los nombres a la opinión pública y se pedirán medidas de coerción por ante los tribunales.
El funcionario argumentó que el asunto va en serio, porque el Estado no puede seguir pagando miles de millones de pesos para que personas que pueden pagar la luz se la estén robando.
“Porque no son los que menos pueden, son los que más pueden, los que sustraen la energía eléctrica y eso tiene que terminar en la República Dominica”.
Explicó que la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico tiene registrado en su sistema a 761 personas en el poco tiempo que tiene aplicando la Ley General de Electricidad, de las cuales han conciliado con las autoridades unas 260, resolviendo su situación de manera armoniosa con las compañías distribuidoras.
Ferrer manifestó que después de promulgada la Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07, la sustracción de energía eléctrica es el tipo penal más cometido en la República Dominicana.
Los medidores
Ferrer informó que alrededor de un millón 600 mil personas están conectadas de manera directa al suministro de energía, lo que atribuye en muchos casos a deficiencias de las compañías distribuidoras.
Sin embargo, exhortó a las compañías distribuidoras a que regularicen la situación, colocando medidores a las personas que carecen de éstos. A su juicio, esas empresas deben contabilizar la cantidad de energía que consumen los ciudadanos, para poder aplicar la ley en los casos de manipulación de la energía que se sirve.
Estima que los usuarios conectados legalmente al sistema rondan los dos millones, los que suman a los 1.6 conectados directamente.